Los hechos se registraron en el municipio de Momil, en Córdoba, en donde los agentes se ocultaron para obtener las imágenes.
Tras la captura del violador, un hombre de más de 50 años, se generó una controversia jurídica en la que intervino hasta el presidente, Álvaro Uribe, quien reclamó de las autoridades más respeto por la intimidad y la dignidad de las víctimas.
El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Jaime Orlando Velasco, informó que se investiga si los presuntos agentes que obtuvieron las imágenes y realizaron la captura, y que se identifican como miembros de la Sijín, incurrieron en extralimitación de funciones.
En el video, que fue entregado por la institución a varios medios de comunicación, se observa como un hombre viola primero a una menor y luego a la otra y cómo quienes hacen la grabación apenas intervienen armados cuando sale de una habitación.
El coronel Velasco precisó que la intervención de quienes hicieron el video y la captura debió ser más oportuna. Incluso, anunció que se investigará si las personas que participaron pertenecen realmente a la institución, pues no es claro si la grabación se hizo con equipos particulares o de la institución.
Velasco aseguró que en este caso queda claro que no se efectuó el procedimiento establecido para esta clase de situaciones.
El director de la Policía Nacional, general Jorge Daniel Castro, señaló que la obligación de los agentes es proteger la integridad física y moral de las víctimas de un delito, por lo que ordenó una investigación interna drástica.
“Se deben recoger todas las pruebas para llevar a los delincuentes ante los fiscales, pero no en estas condiciones, que se afecte la integridad de las víctimas”, advirtió Castro.
El presidente Uribe se pronunció en la misma dirección al afirmar que “una cosa es que haya pruebas y que el culpable sea detenido. Pero hay que cuidar los sentimientos de las niñas, su intimidad, hay que cuidar la familia, por eso vamos a hablar con la Policía”.
El ex procurador General de la Nación y penalista experto, Jaime Bernal Cuéllar, sostuvo que el Código Penal establece que a quienes permiten que se cometa un delito se les debe imponer la misma pena.
Otro penalista, el ex vicefiscal Francisco José Sintura explicó por su parte que las autoridades están para prevenir el delito. “Si alguien demora en cumplir su función podría incurrir en el delito de prevaricato por omisión”, precisó.
Via| Eltiempo.com